El riesgo durante la lactancia natural es la situación en la
que se encuentra la trabajadora durante el período de suspensión del contrato
de trabajo por riesgo durante la lactancia natural de un menor de 9 meses, en
los casos en que debiendo cambiar de puesto de trabajo, por influir éste
negativamente en su salud o en la del bebé, a otro puesto compatible con su
situación, dicho cambio no resulte posible o no pueda razonablemente exigirse
por motivos justificados. En estos casos, las trabajadoras perciben una prestación
económica hasta que el menor cumple los nueve meses.
Hasta ahí la teoría. La aplicación, sin embargo, es mucho más
compleja. “Conseguir esta prestación ha supuesto un largo proceso y una
continua lucha con la mutua, Fremap, sus médicos (porque los de la seguridad
social me daban la razón), la empresa… y eso lleva a muchas mujeres a tirar la
toalla”, explica Susana Moreira.
Desde que se quedó embarazada de su primer hijo, Susana tenía
claro que quería amamantarle el máximo tiempo posible. La joven viguesa pronto
se topó con el primer problema: es jardinera y trabaja con productos tóxicos
que pasan directamente a la leche materna, suponiendo un riesgo para al bebé.
La razón, en su caso, se encuentra en que no todos los productos
químicos van etiquetados indicando que afectan a la leche materna aunque, de
hecho, así lo hagan. “Hay una directiva de la Unión Europea que incluye una
lista, no muy exhaustiva, de algunos de estos productos, entre los que se
encuentran fungicidas, bactericidas y pesticidas. El problema es que se
requiere que aparezca de forma clara y precisa la existencia de un riesgo para
la lactancia y no todos los productos aparecen etiquetados con esa frase y en
eso se apoyan las mutuas para negar la prestación”, denuncia Esther Mariño,
técnica de igualdad de de la CIGA.
En el caso de Susana, el director del vivero en el que trabaja le
propuso la adaptación de su puesto. “Simplemente me quitaban de aplicar algunos
productos, pero al seguir trabajando en los jardines seguiría inhalándolos, por
lo que no era una verdadera adaptación del puesto”, indica la joven que,
además, destaca que en su caso son especialmente perjudiciales estos productos
porque “usamos el químico puro, no diluido, por lo que la solución de las
máscaras no es válida”.
Las incongruencias rodean el caso de Susana desde el principio.
“Lo más penoso de mi caso es que con mi hijo mayor, Manuel, me concedieron la
prestación sin problemas, porque corroboraron el peligro de los productos que
utilizo, y ahora con el pequeño, Mauro, me la niegan diciendo que no hay
riesgo, siendo el mismo trabajo”, explica.
Susana denunció su caso y el juez le ha dado este mes la razón
con rotundidad en una sentencia pionera, por lo que la mutua -que no va a
recurrir la sentencia- deberá afrontar el pago de la prestación. “Me alegro de
que los jueces empiecen a sensibilizarse con este tema ya que nos olvidamos de
lo importante que es la leche materna y que la OMS la recomienda hasta los 2
años”, concluye Moreira.
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