La última campaña de la aceituna fue la de mayor
producción en Andalucía. En Jaén, con el 42% de la producción nacional, los
aforos de la Consejería de Agricultura estimaban que se iban a generar 5,7
millones de jornales (se toma como referencia una media de 400 kilos por
jornal). Sin embargo, los datos de altas en la Seguridad Social han revelado
que apenas se han declarado 2,5 millones de jornales. Es decir, la mayor
cosecha oleícola ha tenido una bolsa de fraude que supera el 60%.
La situación ya se dio
en la campaña anterior, marcada por la escasa producción. Se declararon 1,1
millones de jornales frente a los 1,5 millones estimados en el aforo. “Es un mal endémico de los trabajadores agrarios por
cuenta ajena como consecuencia de la estructura del modelo productivo”, señala
Antonio Perianes, responsable de la Federación Agroalimentaria de CC OO. En su
opinión, se trata de un problema que responde a un “modelo de relaciones
laborales que no difiere en nada del siglo XIX”.
Los sindicatos no creen
que el único problema sea la escasez de inspecciones. “La Ley permite al
empresario dar de alta al trabajador durante las primeras 24 horas, con lo que
es fácil burlar la labor de la Inspección una vez que pasa por las fincas”,
agrega Perianes. En su opinión, en la agricultura no debería haber contratos
eventuales y sí fijos-discontinuos. “Lo que ocurre es que esa figura penaliza
para el derecho al cobro del subsidio agrario”, abundó el dirigente de CC OO.
El fraude en el campo es
escandaloso en la campaña de la aceituna, pero también en otros sectores de la
agricultura andaluza. De hecho, CC OO sostiene que son las provincias de
Sevilla y Almería las que presentan una mayor tasa de contratación irregular. Y
otro tema que preocupa a los sindicatos es la creciente práctica de la venta de
peonadas. En la provincia hispalense ya se ha imputado a cinco cooperativas por
haber vendido fraudulentamente jornales a eventuales agrarios.
Pero es en Jaén donde la
economía sumergida en el olivar es una constante. “Esto no puede seguir así, no
existe intervención de la Inspección de Trabajo y vivimos en el trapicheo
permanente”, subraya José Moral, secretario provincial de CC OO, quien sugiere
que la Administración no interviene en este tema “para no crear un conflicto
social aún mayor en una provincia con una tasa de paro del 40%”. Moral habla de
la paradoja de que las altas en la Seguridad Social sean, prácticamente, las
mismas cada año, con independencia del número de jornales generados. “Los
empresarios dan el mínimo de altas en la Seguridad Social y los trabajadores
del campo son los grandes damnificados”, añade Moral.
Con todo, desde la Unión
de Pequeños Agricultores (UPA) se relativiza el nivel de fraude. Para el
secretario regional, Agustín Rodríguez, parte del desfase que hay entre los
jornales previstos en el aforo de la Junta y los que se declaran a la Seguridad
Social se debe al empleo que absorben los autónomos y trabajadores por cuenta
propia, que suelen ser los propietarios de las explotaciones.
Y si el fraude ha sido
elevado en un año con abundante empleo, los sindicatos se temen lo peor ante la
próxima campaña de la aceituna, donde se vaticina un drástico recorte de la
producción por las inclemencias climáticas. Una caída que ha hecho saltar todas
las alarmas entre los trabajadores eventuales agrarios del campo. “El Gobierno
tiene que intervenir para atender las necesidades laborales y sociales básicas”,
subrayó José Moral, secretario de CC OO en Jaén. En su opinión, es preciso ir
más allá de medidas coyunturales y “apostar por planes de empleo y de
desarrollo para Jaén que no vengan únicamente al calor de una mala campaña”.
De momento, varios
partidos políticos y sindicatos han pedido un PER especial en Andalucía para
atenuar la merma de jornales agrarios como consecuencia de la sequía. Además,
se va a pedir al Ministerio de Empleo la reducción de las peonadas necesarias para el cobro
del subsidio.
El alcalde de Arjona
(Jaén), el socialista Javier Sánchez Camacho, vaticinó que, al igual que hace
dos años, “tendrán que ser los alcaldes socialistas los que hagan crujir las
costuras del Ministerio de Empleo” para defender a los trabajadores del campo.
Sánchez no descartó el inicio de movilizaciones para arrancar al Gobierno un
compromiso.
También la consejera de
Agricultura, Elena Víboras, considera “razonable” esta petición y ha adelantado
que el Gobierno andaluz apoyará la demanda.
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